EE.UU. felicita a RD por cerrar fábrica ilegal de cartón operada por chinos en Guerra

SANTO DOMINGO. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitó este lunes 9 de noviembre a las autoridades dominicanas por el cierre de Cartesa, una fábrica de cartón presuntamente operada por ciudadanos chinos en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. Según el Gobierno, la empresa funcionaba sin permiso de uso de suelo, mantenía un depósito clandestino de combustible y contrataba personal extranjero de manera irregular.

El mensaje desde Washington

A través de su cuenta oficial en la red social X, Segura elogió la acción «decisiva» de las autoridades dominicanas contra lo que describió como una enorme operación ilegal. En su publicación, recogida por Diario Libre, Listín Diario y Revista Mercado, enumeró tres prácticas que, a su juicio, no pueden tolerarse: operar sin permisos, administrar un depósito ilícito de combustible y contratar ilegalmente a trabajadores extranjeros para evadir las leyes laborales.

«Una verdadera colaboración económica requiere transparencia, competencia leal y respeto al Estado de derecho», escribió el funcionario, quien no mencionó el nombre de la empresa en su mensaje.

Segura asumió el cargo en agosto de 2026, durante la administración del presidente Donald Trump, al frente de la oficina del Departamento de Estado que gestiona las relaciones con América Latina y el Caribe. Antes se desempeñó como secretario de Comercio del estado de Virginia, y sustituyó al diplomático Michael Kozak, que ocupaba la posición de forma interina desde enero de 2025.

Qué encontraron las autoridades

La intervención fue encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través de su Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), junto a la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Diario Libre sitúa la operación el 29 de octubre en la comunidad Pata de Palma, mientras que el MICM dio a conocer el cierre en un comunicado del 1 de noviembre.

Según el informe oficial, el complejo estaba compuesto por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias. Los inspectores determinaron que carecía por completo del Certificado de Uso de Suelo y de las autorizaciones requeridas para sus actividades comerciales.

Además, en el lugar operaba un depósito de combustible sin cumplir las regulaciones de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos. Las autoridades retuvieron un tanque con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil; el valor de lo incautado se estimó en unos RD$2.25 millones.

El MIVHED paralizó los trabajos de construcción por violaciones a la Ley 687-82, que regula la preparación y ejecución de proyectos de obras, y Migración verificó el estatus de los trabajadores extranjeros, descritos como de origen asiático. Las informaciones oficiales no precisaron cuántas personas laboraban en la fábrica, quiénes son sus propietarios ni si hubo detenciones formales.

La postura del Gobierno dominicano

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que la República Dominicana mantiene una política abierta a la inversión extranjera y al comercio, siempre que las empresas operen dentro del marco legal nacional. Hasta la publicación de esta nota no se conocía una reacción pública de la Embajada de China en el país sobre el caso o sobre el mensaje del funcionario estadounidense.

Inspecciones a comercios de inversionistas chinos

El cierre ocurre en medio de una mayor fiscalización a negocios de capital chino. En octubre, el Ministerio de Trabajo, que encabeza Eddy Olivares, informó sobre un operativo de ocho días en el que inspeccionó 101 tiendas de inversionistas chinos en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís e Higüey, entre otras zonas.

En esas inspecciones se levantaron 1,016 actas, de las cuales 974 fueron de apercibimiento y 42 de infracción, y se paralizaron 24 operaciones por riesgos de seguridad. Entre los hallazgos más comunes figuraron 91 tiendas que despedían a empleados antes de cumplir tres meses, 53 que negaban el descanso semanal, 52 que no pagaban el salario de Navidad y 33 que incumplían la proporción mínima de 80 % de trabajadores dominicanos que exige el Código de Trabajo.

Pro Consumidor, por su parte, cerró temporalmente varias tiendas en el Gran Santo Domingo por vender productos sanitarios sin registro y artículos para adultos al alcance de menores. Comerciantes dominicanos han denunciado competencia desleal de algunos de estos negocios, mientras que representantes de la comunidad china han calificado ciertos cierres como discriminatorios, según han reportado medios locales.

Los dos principales proveedores del país

El pronunciamiento de Washington llega en un momento en que Estados Unidos y China son los dos mayores orígenes de las compras externas dominicanas. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) citados por Revista Mercado, entre enero y septiembre de 2026 Estados Unidos aportó el 42.1 % de las importaciones del país, equivalente a US$10,283.9 millones, mientras que China suplió el 18.4 %, unos US$4,492.2 millones. Entre ambos concentran el 60.4 % del total.

Qué sigue

Las autoridades no han detallado si el caso de Cartesa derivará en sanciones administrativas adicionales o en procesos judiciales contra los responsables, ni cuál será la situación migratoria de los trabajadores verificados. El Gobierno informó en septiembre que mantiene un monitoreo sobre el cumplimiento legal de este tipo de empresas, mientras el ministro Sanz Lovatón insiste en que la apertura a la inversión extranjera va de la mano del respeto a las leyes nacionales.

Con información de Diario Libre, Listín Diario, Revista Mercado e Inmobiliario.do.