Aplazan otra vez coerción a acusado de planificar atentado contra Abinader

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. La audiencia en la que debe decidirse la medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, el hombre de 29 años acusado por el Ministerio Público de planificar presuntamente un atentado contra el presidente Luis Abinader, fue aplazada por segunda vez la tarde del martes 10 de noviembre, luego de que su abogado, Jerso Lizardo, renunciara a la defensa. El tribunal fijó la nueva vista para este viernes 13 de noviembre a las 4:00 de la tarde, cuando el imputado estará asistido por un abogado de oficio, según informó Diario Libre.

Renuncia sin explicación

Lizardo, quien representaba al acusado desde las primeras diligencias, no ofreció públicamente los motivos de su salida del caso. Su renuncia obligó a posponer el conocimiento de la solicitud del Ministerio Público, ya que el imputado no puede comparecer sin defensa técnica. Para evitar una nueva dilación, el tribunal dispuso que un defensor público asuma la representación de De la Cruz Sosa en la próxima audiencia.

Dos aplazamientos en menos de una semana

El primer intento de conocer la medida se produjo el jueves 5 de noviembre. De acuerdo con reportes de prensa, aquella audiencia se extendió hasta pasadas las 8:30 de la noche y fue suspendida cuando la defensa solicitó tiempo para examinar las pruebas presentadas por la fiscalía. El tribunal accedió y pospuso la decisión para el martes 10 de noviembre a las 4:00 de la tarde, fecha en la que se produjo el segundo aplazamiento por la renuncia del abogado.

Mientras se resuelve la medida, el imputado permanece bajo custodia de las autoridades. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción; según reportes de Revista Mercado, el pedimento es de tres meses mientras avanza la investigación.

Qué sostiene la fiscalía

Según la solicitud de medida de coerción, un documento de 57 páginas citado por Diario Libre, el Ministerio Público considera a De la Cruz Sosa el principal señalado dentro de una presunta estructura de al menos diez personas. Los investigadores sostienen que los implicados habrían intercambiado información sobre la fabricación de artefactos explosivos, la obtención de datos acerca de los desplazamientos del mandatario y la preparación de un posible ataque.

El expediente menciona a otras nueve personas presuntamente vinculadas al plan, pero hasta el momento De la Cruz Sosa es el único que ha sido presentado ante la justicia. Las autoridades no han informado públicamente si existen órdenes de arresto pendientes contra los demás mencionados.

De acuerdo con la orden judicial reseñada por medios locales, el presunto atentado estaba previsto para el viernes 6 de noviembre, durante los actos del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo. El documento no detalla cómo se habría ejecutado el ataque. Las autoridades indicaron que la investigación se inició a partir de alertas de organismos de inteligencia sobre supuestas amenazas contra el jefe de Estado.

El arresto y los allanamientos

De la Cruz Sosa, residente en el sector Vista del Valle, fue detenido el martes 3 de noviembre en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La orden de allanamiento fue emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial, a solicitud de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.

Las autoridades también registraron la ferretería donde trabaja el acusado, en la avenida Profesor Juan Bosch. En ambos lugares se ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que permanecen bajo evaluación pericial, según reportes de prensa. La fiscalía sostiene en su solicitud que se incautaron materiales y dispositivos presuntamente utilizados para fabricar explosivos. La División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Investigaciones colabora en el análisis de los dispositivos.

En los días posteriores al arresto circuló en redes sociales un audio en el que una voz habla de preparar explosivos. Su autenticidad, así como si la voz corresponde al imputado, no ha sido establecida ante un tribunal. Medios locales reportaron además la detención de un rotulista que niega cualquier participación y asegura que solo le encargaron la elaboración de un letrero.

Cargos y posibles penas

Hasta ahora no se ha presentado una acusación formal; el proceso se encuentra en la etapa inicial de medida de coerción. La fiscalía describe los hechos como un presunto plan de carácter terrorista contra el presidente de la República. Un análisis jurídico publicado por Revista Mercado explicó que, según cómo se califiquen los hechos, podrían aplicarse distintas figuras del nuevo Código Penal (Ley 74-25).

Entre ellas figuran las amenazas de muerte, sancionadas con uno a dos años de prisión menor; los actos de violencia contra las instituciones de la República, con penas de 20 a 30 años; y el homicidio agravado contra el presidente o el vicepresidente en funciones, castigado con 30 a 40 años. El Código también prevé que la tentativa de una infracción muy grave se sancione como si se hubiera consumado, si se reúnen los requisitos legales. Estas calificaciones no son automáticas y corresponderá a los jueces determinarlas. El imputado goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.

Antecedentes de amenazas contra el mandatario

No es la primera vez que la justicia dominicana conoce casos relacionados con la seguridad del presidente Abinader. En años anteriores, varias personas fueron sometidas por amenazas difundidas en redes sociales, y en 2024 un hombre fue procesado tras estrellar un vehículo contra una de las puertas del Palacio Nacional, hecho en el que resultaron heridos dos miembros de la seguridad presidencial. Ninguno de esos casos, sin embargo, había involucrado la presunta planificación de un ataque con explosivos como la que ahora describe el Ministerio Público.

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, indicó que la investigación continúa abierta en la fiscalía de Duarte, lo que deja la puerta abierta a nuevas diligencias contra otros posibles implicados.

Lo que sigue

Si no surgen nuevos incidentes procesales, el viernes 13 de noviembre el tribunal deberá escuchar a la fiscalía y a la defensa pública y decidir si acoge la prisión preventiva solicitada o impone otra medida. Paralelamente, los peritajes sobre los equipos y sustancias ocupados, así como sobre el audio que circula en redes, serán determinantes para el rumbo del caso.

Con información de Diario Libre, Revista Mercado, The Rio Times y El Día.